Existe una idea muy extendida en España en torno a la gestión de la competencia de Educación en el sentido de considerar a ésta una materia exclusiva ya de las Comunidades Autónoma debido a la descentralización y traspaso de competencias, algo que supuestamente estaría avalado por alguna previsión constitucional al efecto.

Bien, lo cierto es que ello no es así y convendría hacer algún tipo de precisiones que en estos momentos serían de utilidad si alguien quisiera poner un poco de orden desde el Ministerio en este desaguisado que se ha consumado en España en esta materia. En primer lugar es conveniente recordar que la materia de Educación no está prevista como competencia autonómica en ningún artículo de la carta magna, en particular el 148, donde se especifican las materias objeto de transferencia. Este punto es importante recordarlo en la medida en que desde la clase política se defiende con uñas y dientes la gestión de esta materia por las autonomías, sin dar ningún argumento sólido para esa defensa.

Un segundo punto, por lo tópico que es, es el que hace referencia a la competencia estatal sobre esta materia. Está muy extendida la opinión de que el Estado ya no gestiona la Educación cuando no es cierto. En Melilla y Ceuta sí lo hace, existe un Ministerio de Educación y la legislación básica es éste ámbito también es competencia del Estado. Por tanto es falso que el Estado haya perdido la competencia en esta materia y ello no debería ser óbice para gestionarla ahí donde le plazca, con indiferencia de las competencias asumidas por la autonomía.

Esta última observación nos lleva al último de los aspectos que me gustaría reseñar y es que, a pesar de la desastrosa gestión que se ha hecho desde el Estado en materia educativa, no es menos cierto que la que se ha hecho desde las autonomías no tiene desperdicio. Y ya no se trata sólo de desobedecer las sentencias de los tribunales, como sucede en Cataluña, sino que se ha producido una verdadera gestión amparada en la más pura corrupción.

Todos estos puntos son importantes para defender una idea que ningún político quiere poner en práctica pero que es inevitable y cuanto antes se haga mejor, en particular en aquellas autonomías donde se relega la lengua española o se imponen doctrinas nacionalistas a los alumnos con el más absoluto descaro. El Estado no tiene que recuperar la competencia en Educación porque nunca la ha perdido. Así, una de las opciones del Gobierno central podría ser crear escuelas estatales en las autonomías, en competencia con las autonómicas. De éste modo se daría opción a aquellos padres que así lo quisieran de matricular a sus hijos en ellas. Sería muy útil en autonomías nacionalistas como Cataluña y Vascongadas pero también en otras como Valencia, Galicia o Andalucía, donde no van a la zaga.

Posiblemente mejorarían las ratios de fracaso o éxito escolar, depende como se mire, se protegerían a aquellas familias que quieren educar a sus hijos en lengua española, se crearía competencia en el sector, algo importante para mejorar la calidad y por último, se daría un mensaje fuerte a los gobiernos nacionalistas. Lo que no es de recibo es que un marroquí pueda cursar el bachillerato en español en ciudades como Casablanca o Tánger y sin embargo un español no pueda hacerlo en ciudades como Barcelona. De esto debería preocuparse el ministro de educación y no de poner reválidas a los alumnos, pues incidirá en un mayor fracaso escolar del que existe. Pero de eso hablamos otro día.